El cohecho parlamentario

Resumen

El cohecho parlamentario La primera parte expone algunos casos de corrupción política, así como sus causas y efectos. El propósito es fijar el objeto de análisis y enfatizar la nociva consecuencia que tiene en la sociedad actual, aunque no podemos señalar que sea un fenómeno únicamente contemporáneo. Por esa razón, comienzo con antecedentes de corrupción política de antigua data, para llegar a la realidad presente tanto española como suramericana, en especial en Brasil; así como algunos mecanismo de reacción que se han implementado cuando la corrupción penetra hasta el órgano mismo de investigación y juzgamiento penal. Enseguida, se analiza críticamente el fenómeno de la denominada guerra a la corrupción. Pareciera que se ha producido un cambio de paradigma, en concreto, se constata una suerte de efecto de desacralización del poder político. En la segunda parte nos adentramos ya en el cohecho parlamentario. Tras repasar la discusión acerca del bien jurídico protegido, se aborda la cuestión acerca de la unilateralidad o bilateralidad del cohecho. Podemos ver que los verbos rectores de los tipos penales de los art. 419 CP y 420 CP, que se refieren a la conducta de la autoridad o funcionario público, tienen una correspondencia con aquellos consignados en el art. 424 CP. Esto se aprecia en la conducta de «recibir» dádiva, que se engarza con la de «entregar», por iniciativa del agente corruptor. A su vez, la conducta de «solicitar» dádiva por parte del sujeto cualificado se correlaciona con la de «entregar» por parte del agente corruptor. También vemos que la conducta de «aceptar» por parte del sujeto cualificado es consecuencia de un acto de «ofrecer» del agente corruptor. Finalmente, se analiza el ámbito subjetivo y el iter criminis. En la tercera parte de la tesis, se concluye con algunas propuestas lege lata y lege ferenda. Sin embargo, previamente se abordan dos cuestiones importantes En primer lugar si existe un ethos parlamentario. Y en segundo lugar cuáles son los presupuestos teóricos que justifican el plus de antijuridicidad contenido en la propuesta final lege ferenda. Ese fundamento se indaga en el ámbito normativo teleológico-funcional; en la infracción de deberes negativos y positivos de las autoridades elegidas; o en el incumplimiento de un deber positivo especial, que se incardina con la obligación de protección de la institución a la que se pertenece.