Nuevo régimen jurídico en materia de competencia desleal para Puerto Ricoestudio comparado entre los derechos español, estadounidense y puertoriqueño

Resumen

La motivación de este trabajo de investigación surge a raíz de la necesidad imperiosa de desarrollar un nuevo régimen jurídico en materia de competencia desleal para Puerto Rico, ya que el existente es arcaico y limitado. Entre otras cosas, no permite acciones privadas de personas perjudicadas por estos actos desleales en el mercado para el resarcimiento de sus daños sufridos. Por esta razón y otras, el régimen jurídico-administrativo existente en Borinquen nunca ha servido para sus propósitos. Para realizar esta propuesta llevamos a cabo esta investigación que, obviamente, tuvimos que limitar en varios aspectos, porque resultaba imposible y poco práctico estudiar la totalidad del área del Derecho de la competencia económica desleal. Una primera limitación fue espacial, los países cuya regulación estudiamos. Aparte de Puerto Rico y de la legislación federal estadounidense (que ocupa una posición de supremacía en Puerto Rico), ha sido el derecho español, por la razón de que el derecho privado puertorriqueño es de inspiración netamente latina, y específicamente española. Esa es la tradición de la que proviene el Código civil puertorriqueño, y además es una forma de sistematizar mucho más concreta que la de los sistemas anglosajones. Por ende, el derecho español constituye un sistema de derecho comunitario, acorde con la normativa de este espacio económico supranacional, de forma que recoge principios no sólo españoles sino compartidos por toda la legislación comunitaria. Por otra parte, y no menos importante, limitamos el estudio a ciertos supuestos concretos de conductas desleales dentro de este entorno, y por eso buscamos aquellos cuyo enjuiciamiento resulta más común tanto en el ámbito federal estadounidense como en el español: los actos de engaño y de imitación. Además, como parte de este estudio se consideró el ámbito objetivo de aplicación de una norma de este tipo y el criterio de obrar de buena fe objetiva requerido para el buen funcionamiento del mercado. Finalmente, y por la condición de que Puerto Rico es una colonia estadounidense, teníamos que incluir un análisis sobre las limitaciones constitucionales que tienen los Estados y Territorios de los EE.UU. en relación con la promulgación de leyes que pudiesen ser contrarias a las leyes federales creadas por el Congreso de los EE.UU. las cuales quedarían desplazadas (preempted) de plano por los estatutos federales.