FarmacoeconomíaEl gran reto de la sanidad pública

Resumen

El objetivo fundamental de este artículo es mostrar las ventajas que tendría para el Sistema Nacional de Salud (SNS) español la implantación formal de la farmacoeconomía como uno de los criterios para hacer efectivo el principio de “financiación selectiva y no indiscriminada”, establecido en la vigente Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. El crecimiento sostenido del gasto farmacéutico ha motivado que la política farmacéutica de muchos países se haya centrado tradicionalmente en las medidas de contención de costes. Ejemplos de este tipo de iniciativas son, entre otros, las medidas de control directo de los precios de los productos farmacéuticos o el establecimiento de aportaciones al SNS por volumen de ventas. La relativa ineficacia de esas políticas ha conducido a un número creciente de países a utilizar la evidencia farmacoeconómica como herramienta para ayudar a tomar decisiones sobre la financiación pública de los nuevos medicamentos. A esta utilización de la farmacoeconomía se la denomina cuarta garantía. En este artículo revisamos algunas de las experiencias internacionales de cuarta garantía más desarrolladas, de las cuales extraemos algunas enseñanzas de posible aplicación para la regulación pública del mercado farmacéutico español, el cual padece varios problemas crónicos como, por ejemplo, un consumo de recetas elevado, una reducida cuota de mercado de los genéricos y una aportación decreciente de los usuarios. El conjunto de medidas adoptadas por el regulador español para intentar abordar esos problemas ha girado en torno al control de los precios y del gasto, prestando menos atención a la selección de la oferta pública de medicamentos (reembolso) y a la orientación de la prescripción (demanda). El efecto de las medidas que se han ido introduciendo hasta hace muy poco ha sido fundamentalmente coyuntural, de manera que el gasto farmacéutico tiende a repuntar en cuanto el impacto inicial es asimilado, si bien parece que hay una tendencia a la contención en el ritmo de aumento de dicho gasto en los tres últimos años. El análisis de seis países en los que la cuarta garantía es un requisito obligatorio para los productores farmacéuticos, nos brinda varias ideas de posible aplicación en España. En concreto, el SNS español podría imitar el sistema británico, aplicando la cuarta garantía a aquellas innovaciones farmacéuticas seleccionadas por su presunta relevancia terapéutica e impacto presupuestario. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podría ser la institución encargada de formular las recomendaciones sobre el reembolso de los medicamentos seleccionados, basando su decisión en los informes elaborados por un comité de expertos en evaluación económica. Asimismo, tal y como sucede en Australia, las anteriores recomendaciones de reembolso podrían servir de base para acordar el precio del medicamento con la industria. Por último, la difusión de orientaciones basadas en los resultados de análisis farmacoeconómicos podría resultar eficaz para racionalizar la prescripción si, como ocurre en el Reino Unido, se supervisara el grado de adherencia a las mismas. En el ámbito hospitalario, la creación de comités de evaluación ayudaría a ordenar la introducción de nuevos medicamentos de elevado coste en la prestación farmacéutica hospitalaria. La farmacoeconomía puede ser una herramienta valiosa para establecer prioridades en la financiación de los medicamentos. Su lógica se aparta de la mera contención de costes, persiguiendo efectos más duraderos sobre la oferta y la demanda farmacéutica. Además, parece un enfoque más adecuado para abordar lo que se ha calificado como “el problema farmacéutico”: la difícil relación entre el regulador público y la industria farmacéutica.