De la intervención por causas humanitarias a la responsabilidad de proteger. Fundamentos, similitudes y diferencias

Resumen

El concepto de intervención humanitaria ha sido siempre muy controvertido, particularmente en el ámbito doctrinal. Hasta la Segunda Guerra Mundial, algunos autores han mantenido vigorosamente que formaba parte del derecho internacional consuetudinario. Al mismo tiempo, apoyándose en la doctrina de la «guerra justa», numerosos estados no han dudado en invocarla en varias ocasiones en el siglo xix y principios del siglo xx. Después de la Segunda Guerra Mundial, una parte de la doctrina se ha alzado en contra de la idea de que la intervención humanitaria formaba parte del derecho positivo, considerando que estaba en contradicción con la prohibición del uso de la fuerza salvo en caso de legítima defensa o previa autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Otra parte de la doctrina, sobre todo del mundo anglosajón, ha continuado defendiendo la legalidad de tales intervenciones, invocando la protección de los derechos humanos. Esta tesis, según esta doctrina, no viola el principio de no intervención tal y como está recogido en el artículo 2, párrafo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, cuyo ámbito de aplicación no coincide con la defensa de los derechos humanos. A causa de esta tensión en el ámbito doctrinal, el concepto ha continuado siendo objeto de una polémica tanto doctrinal como diplomática. Esta polémica se ha reavivado con la intervención de los países de la OTAN en el territorio de la antigua Yugoslavia en 1999, al no contar con la previa autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El concepto de «responsabilidad de proteger» tiene evidentemente sus raíces en el concepto de intervención humanitaria, dándole sin embargo un alcance más formal que preciso. En efecto, la responsabilidad de proteger se ha reafirmado como una obligación para la comunidad internacional para hacer frente a las múltiples violaciones graves de derechos humanos �como el genocidio, la depuración étnica, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad�. La intervención en Libia ha sido un ejemplo en el que se ha invocado esa responsabilidad de proteger, aunque mal aplicada. Sin embargo, la cuestión sigue planteando enormes problemas en caso de inercia por parte de la comunidad internacional. En esta situación, ¿se podrían admitir iniciativas unilaterales �como lo señala la comisión canadiense� o se debe adoptar una actitud pasiva? La situación que se ha vivido en Libia y después en Siria nos demuestra la dificultad que tiene la comunidad internacional a la hora de responder a esta clase de situaciones.