La actividad de los proxy advisors desde una perspectiva jurídica y regulatoria

Resumen

Los proxy advisors han adquirido una notable relevancia en la toma de decisiones de las sociedades cotizadas. En efecto, el fomento del ejercicio de los derechos políticos del socio, especialmente entre los inversores institucionales, ha permitido el desarrollo una serie de servicios relacionados con el análisis de la información societaria que sirven para participar razonadamente en las juntas generales de las sociedades que conforman su cartera de valores. Sin embargo, se ha observado cómo la contratación de los proxy advisors no garantiza el uso adecuado de sus recomendaciones por parte de los inversores. Junto a lo anterior, el sector de los asesores de voto cuenta con una serie de condicionantes que pueden afectar al grado de calidad de sus servicios. En este escenario, con el objetivo de atajar los problemas manifestados, las instituciones europeas han promovido la regulación de los proxy advisors en sus respectivos ámbitos de actuación. Por una parte, el supervisor de los mercados de valores europeo (ESMA) ha promovido la autorregulación del sector. Por otra, las aspiraciones de la Comisión Europea sobre la reforma del gobierno corporativo y el Derecho de sociedades se han plasmado en la aprobación de la Directiva 828/2017, que recoge una serie de exigencias de transparencia para los asesores de voto. A su vez, estas normas han sido incorporadas al Derecho español mediante la aprobación de la Ley 15/2021. Todo ello, sin embargo, no resuelve la problemática jurídica generada por la presencia de los proxy advisors en el mercado de valores, por lo que resulta conveniente proponer ciertas claves que pueden ayudar a solventar los inconvenientes derivados de su actividad.