Hacia un sistema integral de transparencia para la Iglesia Católicauna propuesta en clave de experiencia

Resumen

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es la referencia para articular el desarrollo del trabajo, junto a la legislación autonómica sobre la materia. Desde la aparición de esta ley básica hasta la actualidad se ha legislado en este ámbito en prácticamente la totalidad de las Comunidades Autónomas con una tónica común que aún hoy permanece invariable y es el hecho de que este tipode legislación ha sido concebida para las administraciones públicas y la aparición de las entidades privadas dentro de esta normativa ha tenido un tratamiento escaso que puede ser calificado como mejorable. Es por ello que resulta necesario profundizar en esta cuestión, desde el convencimiento de que aportar criterios de clarificación de la aplicación de la normativa de transparencia a las entidades religiosas constituye una tarea fundamental. La fecha de aparición de este trabajo tampoco es casual. Durante los años de investigación se han ido fraguando los parámetros normativos, doctrinales y jurisprudenciales que hoy en día definen los aspectos tratados en el mismo y se han ido articulando una serie de propuestas a nivel interno de las entidades religiosas que hacen que el tema esté lo suficientemente maduro como para poder presentar una tesis doctoral sobre el mismo. Abordar el análisis de las entidades religiosas como sujetos obligados en materia de transparencia ha supuesto fijar la atención, en primer lugar, en la doctrina, que no es muy abundante, acerca de cómo se enfrentan las entidades privadas a la normativa de transparencia. Aunque algunos autores se han aproximado con este enfoque a la ley básica estatal, se echan en falta análisis concretos en profundidad sobre su aplicación a las entidades religiosas. Nos parece oportuno resaltar que ni siquiera la doctrina que ha comentado las legislaciones andaluza y aragonesa ha hecho mención expresa o hincapié en el hecho de que se citasen expresamente las entidades religiosas como sujetos obligados de la ley, considerando en todo momento esta particularidad como un aspecto unido a las entidades privadas en contraste con las administraciones públicas. Nuestro objetivo es, por tanto, analizar las implicaciones derivadas de la Ley de Transparencia estatal y de la normativa autonómica –referidas tanto a la publicidad activa como, indirectamente, al derecho de acceso– para ofrecer a las entidades religiosas un marco de referencia y algunos criterios específicos que garanticen el cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, ayuden en la realización práctica del principio de transparencia. Esta finalidad explica que se incorpore en las propuestas un elenco de guías y manuales de cumplimiento específicamente elaborados para este tipo de entidades como fruto concreción del análisis teórico efectuado en la tesis doctoral.